EDITORIAL. ¿Tomará el Estado marroquí medidas simbólicas antes de las elecciones para evitar repercusiones de los escándalos de los residuos italianos, la falta de seguridad y los terrenos de “los siervos del Estado”?
Marruecos vive un escándalo tras otro y el último de ellos, el escándalo de “los siervos del Estado”, por la apropiación de terrenos en un barrio de lujo de Rabat por parte de funcionarios públicos, es uno de los factores que ha contribuido a un aumento de la desesperación y de la falta de confianza en las instituciones del Estado.
En los últimos meses la opinión pública ha visto cómo Marruecos perdía el acuerdo agrario con la Unión Europea y cuestionaba el valor de las relaciones verdaderas con su socio principal, la UE, y la acción del Estado marroquí a este respecto; se mantiene la expectación sobre cuál será la sentencia emitida en septiembre sobre este tema. A esto hay que añadir la sorpresa de los marroquíes al ver cómo el país se transformaba en un basurero de residuos procedentes de Europa, concretamente de una zona italiana donde la mafia manipula las basuras.
Los marroquíes también han levantado la voz ante el aumento de la tasa de criminalidad; el Estado marroquí no ha hecho una verdadera valoración de la seguridad en el país y de los peligros a los que hace frente bien por falta de planificación bien por ausencia de agentes o por las dificultades para reforzar la seguridad en un país que sufre problemas económicos y sociales.
Pero el escándalo que ha sido condenado por los ciudadanos como nunca en los últimos tres años ha sido la apropiación por parte de funcionarios, y no solo de funcionarios, con elevados salarios de terrenos del pueblo marroquí alegando “recompensa a los siervos del Estado”. Como de costumbre, el ministro de Interior ha sido incapaz de justificar esas operaciones (…). Y como suele suceder en estos casos, un sector ha dicho que estos temas han sido inventados para atacar a esos “siervos del Estado” y la estabilidad del país; y otro sector cree que se trata de un debate democrático que destapa el Estado rentista y responde parcialmente a la pregunta de dónde ha ido a parar la riqueza del país.
El dato importante es que la opinión pública está verdaderamente indignada por la situación negativa que atraviesa el país, y esto indica una pérdida de confianza en las instituciones por mantener una política que el pueblo considera un menosprecio de su dignidad.
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